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Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación firmantes, alertamos de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las entidades firmantes denunciamos las formas con las que ha actuado el Gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. Pedimos al Gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir.

Las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza, es la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad, permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.

Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de 8 millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.

No es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual, más bien al contrario: necesitamos poner en marcha con urgencia las medidas de control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello que pedimos a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este decreto y que convoque una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP); Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP); Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV); Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC); Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA); Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD); Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga; Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla; Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Asociación de la Prensa de Sevilla; Asociación de la Prensa de Almería; Asociación de la Prensa de Cádiz; Asociación de la Prensa de Huelva; Asociación de la Prensa de Málaga y Asociación de la Prensa de Córdoba.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha detallado a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) las medidas de los decretos leyes recientemente aprobados para paliar el impacto de la pandemia del coronavirus de las que se podrán beneficiar las personas autónomas que trabajan como periodistas y fotorreporteros.

La información es la respuesta a una carta enviada a la ministra Yolanda Díaz en la que el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, solicitaba ayudas para periodistas y fotorreporteros autónomos ante la pérdida de trabajo derivada de la suspensión de las actividades a consecuencia de la pandemia.

El Ministerio subraya en la carta de respuesta el “firme compromiso” del Gobierno de “apoyar a las autónomas y a los autónomos a mantener su trabajo” y el que “generan para terceros”.

Las medidas que cita la Dirección General del Trabajo para autónomos son las siguientes:

-1. Prestación extraordinaria por cese de actividad. (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, artículo 17). Esta medida es exclusiva para autónomas y autónomos y se establece con carácter excepcional y vigencia limitada a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma.

1. El ámbito subjetivo será el siguiente:

• Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
• Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

Esta prestación, tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización de la base mínima de cotización del colectivo al que pertenezca el trabajador.

1. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que la persona beneficiaria pueda tener derecho en el futuro. d. Para acceder a esta nueva prestación, deberán dirigirse a la Mutua, al SEPE o al Instituto Social de la Marina, en función de con quién tengan cubiertas las contingencias profesionales.
2. Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras, por cuenta ajena y por cuenta propia, como consecuencia del virus COVID-19. (Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, artículo quinto.) Con la finalidad de evitar la propagación del virus y mantener la protección social de las y los trabajadores por cuenta propia o ajena, se determina que los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.
3. Aplazamiento de deudas tributarias aplicables a autónomas y autónomos. (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, artículo 14)

Se trata de los aplazamientos recogidos en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria correspondientes a todas aquellas declaraciones- liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

4. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa. (Medida que entendemos aplicable a autónomas y autónomos). (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, artículo 15)

Esta medida va dirigida a aquellos que sean beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales, los cuales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, y que hayan originado por motivos de la crisis sanitaria periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.

5. Aprobación de una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a autónomos y autónomas, entre otros. (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, art. 29) Esta medida pretende facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19 otorgando a autónomas y autónomos avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos. El objeto de la citada financiación será atender a sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
6. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a personas emprendedoras, entre otros. (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, artículo 30). La medida ampliará en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar liquidez adicional especialmente para las autónomas y autónomos, entre otros.
7. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, aplicable a autónomas y autónomos entre otros colectivos. (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, artículos del 7 al 16). Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual, sin intereses moratorios, de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID- 19 y que por lo tanto se encuentran en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 de este real decreto-ley.

Tercer paquete de medidas de apoyo en la crisis del COVID-19, aprobado en el Consejo de Ministros del 31 de marzo para autónomos:

 El Gobierno completa la protección y el apoyo a colectivos vulnerables, empresas y autónomos con más de 50 nuevas medidas, entre las que se encuentran:

Se prohíben los desahucios de inquilinos durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

Se articulan microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años.

Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación.

Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.

Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.

También se incluyen en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad económica de autónomos

Se refuerzan los derechos de los consumidores en la suspensión o  rescisión de contratos, el reembolso de planes de pensiones y la protección contra la ludopatía

Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma.

En la víspera del cumplimiento de los primeros 15 días de confinamiento, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) destaca el enorme e impagable servicio que los periodistas y fotorreporteros están haciendo para asegurar el derecho de información de los ciudadanos con su cobertura de la pandemia del coronavirus aún a riesgo en algunos casos de su salud.

A punto de comenzar la segunda quincena de confinamiento, la FAPE anima a los periodistas a mantener el esfuerzo por ofrecer a los ciudadanos la información veraz, verificada y contrastada que les sirva para formarse su propia opinión y tomar sus decisiones con un conocimiento profundo de los hechos, lejos del señuelo de las noticias falsas, los bulos y los rumores. Solo de esta manera podremos cumplir eficazmente nuestra misión esencial de servicio público.

La principal preocupación de la FAPE es que la actividad de los periodistas esté rodeada de las máximas medidas de seguridad y de protección de su salud, sobre todo para los que están ejerciendo el oficio a pié de calle, y que esta gravísima crisis no abra la puerta a despidos fulminantes en un escenario de alta precariedad que ya ha propiciado ERTES y suprimido los encargos informativos a autónomos, freelance y colaboradores.

En este sentido, la FAPE se une a la Federación Internacional de Periodistas, de la que es miembro, y a otras ochos organizaciones internacionales de prensa que han pedido a la Unión Europea que declare el periodismo y el libre flujo de información como servicios esenciales en los esfuerzos de Europa para contener la pandemia.

La FAPE suscribe la declaración de dichas organizaciones, en la que se subraya que el flujo libre de noticias independientes es más esencial que nunca, ”tanto para informar al público sobre medidas vitales para contener el virus como para mantener el escrutinio público y el debate sobre la idoneidad de esas medidas”.

La rendición de cuentas a la que están obligados los Gobiernos, y que se hace a través de los medios, cobra especial relieve e importancia en la gravísima crisis que estamos viviendo, dado que los ciudadanos reclaman una información transparente, rigurosa y puntual sobre las medidas que se están tomando para frenar la pandemia y las consecuencias que tendrán sobre sus vidas.

El periodismo de nuestro país estará ejerciendo eficazmente su función de servicio púbico si elabora y difunde informaciones veraces, verificadas y contrastadas con fuentes fiables, única defensa que tiene la sociedad para afrontar las estrategias de desinformación partidistas, las especulaciones sin fundamento y los bulos y rumores malintencionados, que solo pretenden crear un estado de alarma generalizado a fin de romper la convivencia democrática en nuestro país.

En estos momentos tan difíciles en el que todos estamos inmersos por la crisis del coronavirus, desde la APG queremos transmitirte todo nuestro apoyo y solidaridad. En este sentido, y a nivel personal, deseamos que tanto tú como tus familiares estéis en buen estado de salud.

Una consecuencia de la crisis del Covid-19 para nuestro sector es el ERTE que están experimentando algunos medios y por el que se ven afectados nuestros/as compañeros/as. La Junta directiva de la APG muestra su solidaridad con estos/as trabajadores/as e igualmente insta a las empresas para que esta medida se lleve a cabo solamente durante el periodo en el que dure esta crisis y se retorne cuanto antes a la normalidad, una vez superada esta situación extraordinaria.

Desde la APG y en la medida en que nos sea posible, intentaremos mantener el contacto con cada uno de vosotros/as y llevar a cabo todas y cada una de las iniciativas que sean necesarias para velar por el interés de nuestros profesionales.

Tal y como te informamos, desde hace diez días las instalaciones del Centro de Prensa se mantienen cerradas, cumpliendo con el Real Decreto 463/2020 de marzo por el que se declara el estado de alarma, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aunque, como habrás podido observar, la asociación continúa trabajando de forma telemática, informando tanto en su página web como en redes sociales de las noticias que consideramos pueden ser de tu interés a la hora de llevar a cabo tu labor profesional.

Por otra parte, queremos recordarte que continuaremos poniendo en marcha aquellas actividades que refuercen a los/las profesionales que integramos la APG, siempre adaptadas a los condicionamientos ocasionados por la situación de confinamiento que vivimos. La seguridad de todos y nuestra salud así lo exigen. De todos es sabido que la formación es una de las apuestas de esta asociación que nos reúne. En este sentido, mañana jueves, aprovechando una iniciativa de Google News Lab, podrás participar en el taller “Nuevas herramientas narrativas”. En tu correo electrónico tienes la información necesaria para conectarte a este interesante taller que tendrá lugar mañana jueves 26 de marzo, de 18 a 18:40 horas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) solicita al Gobierno que estudie y apruebe un plan de ayudas específicas a los medios de comunicación para evitar que el desplome de la publicidad, debido al parón de la economía y las medidas de emergencia derivadas de la pandemia del coronavirus, cause el cierre de empresas editoras y despidos generalizados.

La FAPE alerta al Gobierno de que el periodismo, uno de los pilares de la democracia,  no puede permitirse una repetición de la crisis del decenio de la recesión, donde el sector de los medios fue uno de los más golpeados, con 13.000 empleos perdidos y decenas de empresas cerradas.

La desaparición de medios no solo es grave por la pérdida de empleos, sino que afecta también a la necesaria pluralidad informativa que exige la democracia para que los ciudadanos formen su propia opinión y tomen sus decisiones en libertad.

El Gobierno debe considerar el impagable servicio público que, en esta durísima crisis, están prestando a la sociedad aquellos medios que apuestan por la información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables, base del periodismo de calidad, que es sin duda la mejor barrera contra las noticias falsas, los bulos y los rumores que tanto daño están haciendo a la personas y a la democracia.

Los medios y los periodistas están haciendo un esfuerzo formidable para garantizar el derecho de información de los ciudadanos.  A su vez, el crecimiento de las audiencias en estos días confirma que los ciudadanos aprecian el alto servicio público que les están ofreciendo los periodistas y los medios que se sostienen en el mencionado periodismo de calidad.

Para mantener este imprescindible bien público esencial, la FAPE considera oportuno y necesario un plan de ayudas específico para los medios, condicionado siempre a asegurar el mantenimiento del empleo en unas redacciones que resultaron ya muy debilitadas durante la pasada recesión.

Si, como piden los editores, una de las medidas pasara por el incremento de la publicidad institucional,  la FAPE reclama la máxima transparencia y pluralidad en el reparto de la inversión.